Rexach niega irregularidades en las obras de ampliación de El Musel

El expresidente de la autoridad portuaria declara en la AN en calidad de imputado

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach ha negado hoy en la Audiencia Nacional cualquier tipo de irregularidad en la ampliación de las obras del puerto de El Musel, investigadas por su sobrecoste, y ha recordado que pasaron todos los controles.

Rexach ha declarado como imputado durante unas cuatro horas ante el juez Juan Pablo González en virtud a la causa abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra los administradores de la UTE adjudicataria y los representantes de la Autoridad Portuaria por el sobreprecio de estas obras, que costaron 800 millones, un 40 por ciento más que el presupuesto inicial.

A su salida de la Audiencia Nacional, su abogado, Agustín Azparren, ha afirmado que su cliente ha explicado al juez que no tenía capacidad de decisión personal en las distintas fases de licitación del proyecto, ya que en este proceso intervinieron muchos organismos y las decisiones se adoptaban por unanimidad.

Así, el imputado ha recordado al magistrado que la licitación pasó todos los controles y se aprobó con los informes favorables de la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento.

La denuncia de la Fiscalía se basó en una denuncia anterior formulada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que determina graves irregularidades en el proyecto, un informe que Rexach ha criticado ante el juez por contener muchos errores.

Según su abogado, este informe se ha dado como "dogma de fe" y en él se basa otro de la Intervención General del Estado que recoge la denuncia de la Fiscalía.

Acerca del sobreprecio, el imputado ha dicho, según su letrado, que estos costes fueron también confirmados por las instituciones que intervinieron en las aprobaciones.

En cualquier caso, y de haber alguna irregularidad, el abogado de Rexach ha opinado que sería de índole administrativo y no penal.

Hoy debía declarar también el gerente de la unión temporal de empresas (UTE) a la que se adjudicó las obras, Juan Miguel Pérez, imputado desde el pasado jueves, pero finalmente su citación se ha aplazado al 7 de julio.

Mañana está citado el tercer imputado en esta causa, el exdirector del puerto de Gijón José Luis Díaz Rato.

Las obras, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.

Tras haber practicado varias diligencias, Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.

La Fiscalía sospecha que funcionarios de la Autoridad Portuaria se pudieron concertar con la UTE para entregarle indebidamente fondos públicos, que la adjudicataria pudo haber engañado deliberadamente a la administración en el precio de los materiales que se usaron en las obras y que se pudieron haber emitido facturas falsas para reclamar dinero público.

También cree que la adjudicataria pudo simular gastos que en realidad no existieron y emitido documentos para entregar fondos públicos a particulares sin justificación, e investiga asimismo si la Autoridad Portuaria adjudicó arbitrariamente el contrato a la UTE.