El rector dice que actuó "correctamente" al anular una plaza de sustitución

García Granda mantiene que todas sus decisiones se realizan con asesoramiento jurídico

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha asegurado hoy que actuó “correctamente” al anular el concurso para cubrir una plaza de sustitución de la defensora universitaria, Paz de Andrés, por la que está siendo investigado por un delito de prevaricación administrativa, y ha mantenido que todas las decisiones que adopta se realizan con el asesoramiento de los servicios jurídicos.

García Granda ha manifestado a los periodistas, momentos antes de declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo / Uviéu, que tanto él como la directora del departamento de Derecho Público, Isabel García-Ovies, también investigada en la causa, están “tranquilos” frente a la querella interpuesta por un profesor que se considera perjudicado.

Acompañado por el abogado Javier Núñez Seoane, el rector ha explicado que defenderá en todo momento que la universidad ha actuado “como siempre, correctamente”, y ha dicho que si hay alguna actuación que no sea conforme a derecho “se dirime en los tribunales”.

Ha añadido que la Universidad sacó a concurso una plaza de sustitución de la defensora universitaria y esa plaza, “por diversas vicisitudes”, es la que ahora ocupa la persona a la que renovaron el contrato.

Al cubrir esa sustitución por una renovación del contrato, no necesitaban el concurso, por lo que, según su interpretación legal, ya no tenía sentido, porque ha mantenido que “no necesitamos más profesores”.

A preguntas de los periodistas sobre si este tema podría afectarle a su campaña para el rectorado, el año que viene, ha afirmado que está “para servir a la universidad” y por lo tanto tiene que responder a cualquier requerimiento que se le haga y la labor del rector es estar “a las duras y las maduras”.

García Granda ha insistido en que él adopta todas las decisiones siempre asesorado por los dictámenes, consejos y directrices de los servicios jurídicos.

La declaración judicial del rector y la directora del departamento de Derecho Público se produce apenas cinco días después de que prestara declaración en el juzgado, también en calidad de investigado, el vicerrector de Organización Académica, Juan José del Coz, quien justificó la anulación del concurso para evitar “posibles demandas judiciales”.