Las ayudas a la industria conllevarán un compromiso de continuidad de tres años

Los costes de energía para la mediana y gran industria disminuirán

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado hoy que las ayudas estatales a las empresas industriales conllevarán a partir de ahora un compromiso de continuidad de tres años y de mantenimiento del 85% de la plantilla en caso de despido colectivo.

Esta medida ha sido incluida entre las comprendidas en el decreto-ley aprobado hoy por el Gobierno con el fin de impulsar a la industria española, según ha explicado Maroto en rueda de prensa en La Moncloa tras la reunión ordinaria semanal del Consejo de Ministros.

El compromiso de continuidad será ya aplicable a las subvenciones de compensación de costes de dióxido de carbono (CO2) que se van a pagar este mes, antes de que acabe el año.

Las empresas que se beneficien de esas u otras ayudas estarán obligadas a mantener la actividad productiva durante al menos un período de tres años y a mantener el 85 % de la plantilla en caso de despido colectivo, ha explicado la ministra.

"Que haya un compromiso de continuidad para evitar casos de cierres de empresas que, una vez que ha pasado el periodo de devolución de los dineros, deciden irse; todos les ponemos nombre a estas empresas", ha añadido Maroto.

Según la ministra, "es positivo que también la empresa se arraigue con el territorio, y que ayude al Gobierno para que cualquier ayuda no solo sea para el desarrollo de su actividad productiva sino también para generar empleo y, sobre todo, la continuidad".

Redes cerradas con costes reducidos

El Consejo de Ministros ha aprobado modificar la Ley del Sector Eléctrico para permitir crear redes cerradas con costes reducidos para la industria electrointensiva, que contará con un estatuto propio que reconozca sus particularidades en un plazo de seis meses.

El cambio legal responde a una demanda de los sectores que más electricidad consumen, como el siderúrgico, el cementero y el químico.

Con esta red cerrada de distribución eléctrica disminuirán los costes de energía para la mediana y gran industria, concentrada en ámbitos territoriales reducidos, por ejemplo Tarragona y Huelva. 

Además, las redes cerradas garantizarán unas condiciones de conexión a la red pública, de manera que esta no quede afectada.

"El mensaje más positivo de este real decreto es el apoyo a la competitividad de una industria que crea valor y riqueza y está territorializada y también combate el reto demográfico, la despoblación", ha subrayado Maroto.

El decreto-ley establece los principios básicos que deben regir la constitución de estas redes y fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento.

En ese reglamento se detallarán los requisitos que deberán cumplirse para la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

Estatuto que reconoce las particularidades de consumidores con un elevado uso eléctrico

También tendrá el Gobierno seis meses de plazo para elaborar y aprobar un estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de electricidad, un gran consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible.

El estatuto recogerá los derechos y obligaciones en relación a la participación en el sistema y los mercados de electricidad.

Las empresas electrointensivas tienen en el precio de la luz uno de sus principales factores de producción y mediante el estatuto propio podrán mantener la competitividad y cuota de mercado, según ha apuntado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado.

El estatuto y el reglamento que desarrollará el cambio legal permitirán a las empresas electrointensivas contar con escenarios predecibles para sus costes energéticos y así podrán reducir la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotar de mayor seguridad a sus inversiones industriales.

"Ambas medidas son muy demandadas por la industria electrointensiva y en este momento son muy necesarias por los aumentos en el precio de la energía, que restan competitividad", ha apuntado Maroto.

Disposición transitoria para una transición ecológica justa

Otra medida de apoyo a la industria electrointensiva para una transición ecológica justa, también incluida en la batería de medidas aprobada hoy por el Consejo de Ministros, está incluida como una disposición transitoria en el decreto-ley.

En ella se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria después del pasado 1 de enero podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un período máximo de dos años.