El juicio por el caso Renedo se iniciará el 4 de abril

Entre el 1 y el 3 de agosto se llevaría a cabo la exposición de las conclusiones definitivas

El juicio por el llamado caso Renedo  se iniciará el 3 de abril en la sección tercera de la Audiencia Provincial y su conclusión se prevé para primeros de agosto tras la declaración de los quince procesados en la causa y de los testigos -unos 180- citados por las partes.

La primera sesión se celebrará entre el 4 y el 5 de abril para cuestiones previas y el 13 de abril se iniciarán los interrogatorios, con un ritmo de dos o tres sesiones por semana, que comenzarán por la toma de declaración a los quince acusados.

En el caso de que no haya un acuerdo previo entre fiscalía y procesados y haya que practicar todas las pruebas admitidas, el juicio acabaría a finales de julio y que entre el 1 y el 3 de agosto se llevaría a cabo la exposición de las conclusiones definitivas.

Tras la declaración de los procesados durante tres días consecutivos, el 18 de abril comenzará la toma de declaración a los testigos propuestos por las partes que han sido aceptados por la sala, un proceso que se prolongará a lo largo de veinte sesiones -a razón de nueve testimonios por día- hasta el 22 de junio.

Una semana después se practicará la prueba pericial y documental, que se prolongará a lo largo de ocho sesiones hasta el 25 de julio mientras que los días 27 del mismo y 1 y 3 de agosto se han reservado inicialmente para la presentación de los informes de conclusiones de las partes.

Al concluir la instrucción del sumario, la Fiscalía solicitó penas que suman 57 años de prisión y multas por más de cinco millones para siete de los imputados, entre los que se encuentran el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo.

Los otros cuatro imputados para los que el Ministerio Público pedía penas de prisión son los gerentes de las empresas Igrafo, Víctor Manuel Muñiz; Almacenes Pumarín, Alfonso Sánchez; Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, y ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández.

La mayor petición de pena corresponde a María Jesús Otero, para la que el fiscal interesaba once años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho, así como una multa de 2,5 millones de euros, cantidad que, según el fiscal, recibió "como mínimo" de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín.

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre afronta por los mismos delitos una petición de diez años y medio de cárcel y una multa de 400.000 euros mientras que para la ex jefa de servicio del Principado Marta Renedo la Fiscalía pedía diez años de prisión y una multa de 480.000 euros por un delito continuado de falsificación de documento oficial en concurso con otro de malversación de caudales públicos, y otro continuado de cohecho.

El fiscal considera que Renedo "se quedó para sí o para entidades vinculadas a ella" 1,88 millones de euros procedentes de la administración regional y que recibió 460.000 euros de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín por favorecer a sus empresas.

Los gerentes de estas dos empresas afrontan nueve años de prisión cada uno por los delitos de cohecho y falsificación como presuntos autores, y de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperadores necesarios, así como multas de 1,5 y 1,9 millones de euros, respectivamente.

Por último, el fiscal interesa cuatro años de prisión para el gerente de ASAC Comunicaciones por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos como cooperador necesario y tres años para el de Nora Proyectos e Ingeniería por falsificación de documentos mercantiles, fraude y exacciones ilegales como cooperador necesario.