Migoya nunca indicó a Renedo con qué empresas tenía que contratar

Cañas asegura que Renedo falsificó su firma para un informe cuando estaba cesada

Dos ex consejeras de Cultura que tuvieron bajo sus órdenes a la ex jefa de servicio Marta Renedo, una de las trece personas acusadas en el 'caso Renedo', han negado hoy haber conocido las presuntas irregularidades cometidas por la funcionaria, que afronta una petición de nueve años de cárcel por la Fiscalía.

En la sexta sesión del juicio que se sigue contra la mayor trama de corrupción investigada en Asturias, Ana Rosa Migoya y su sucesora Encarnación Rodríguez Cañas han rechazado hoy durante su comparecencias como testigos ante el tribunal haber colaborado ni ordenado a Renedo la comisión de irregularidades en la contratación de las que se habría lucrado la funcionaria del Principado.

Migoya ha asegurado que, pese a los perjuicios "personales, profesionales, familiares y sociales" que le causó, volvería a denunciar la actuación de la acusada como hizo en 2010 cuando tuvo conocimiento de sus actuaciones.

"Me causó sorpresa, no lo esperaba de ella ni de nadie, pero luego me entró mucha rabia y actúe con decisión para cesarla y ordené cerrar su despacho", ha subrayado tras afirmar ante el tribunal que en ningún momento indicó a Renedo ni a ningún otro jefe de servicio con qué empresa debería de contratar.

Además, ha asegurado que nunca fue amiga ni tuvo una relación personal con Renedo y que la acogió en su organigrama avalada por el ex director general de Promoción Cultural Carlos Madera, otro de los testigos que ha declarado en la jornada de hoy.

Su sucesora al frente de Cultura, Encarnación Rodríguez Cañas, que ha testificado por videoconferencia desde Bruselas, ha apuntado además que Renedo falsificó su firma el 14 de agosto de 2007 para un informe cuando ya estaba cesada aprovechando que se encontraba de vacaciones y que en el departamento no había mucha gente trabajando.

"No sospeché que Renedo cometiera irregularidades", ha afirmado la ex consejera, que ha apuntado que la cesó por la "dejadez" que mostraba en sus funciones, no porque tuviera alguna "animadversión personal" hacia ella, y ha indicado que comenzó a sospechar de la falsificación de su firma en un expediente por importe de 198.000 euros a favor de Igrafo, una de las empresas investigadas, que desconocía por completo pese a que su firma estaba estampada en él.

"Las fechas no cuadraban y cuando vi el informe enseguida sospeché de que era un expediente falsificado", ha subrayado Rodríguez Cañas, que ha apuntado la dificultad en el control en una Consejería que gestiona 2.000 expedientes al año.

Por su parte, el ex director general de Promoción Cultural del Principado, Carlos Madera, ha asegurado que no tuvo conocimiento de la contratación de su cuñada para ASAC Comunicación, otra de las empresas investigadas, hasta que su familiar no empezó a trabajar para dicha compañía.

En su declaración, Madera ha señalado que siempre pensó que las personas a las que contrataba y pagaba ASAC, supuestamente para realizar trabajos para el Principado, respondían a algún tipo de asistencia técnica "aunque parece ser que no era así".

Además, ha incidido en que su familiar contaba con la titulación necesaria para acceder a un empleo como el que desempeñó en la empresa como lo demuestra el hecho de que un año después la contrató para una función similar el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PP, sin que él interviniera al igual que en el caso anterior.

En la sesión de hoy ha testificado también la ex secretaria general técnica de la Consejería de Educación Begoña Fernández para señalar que otra de las acusadas, la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras María Jesús Otero tenía la potestad de decidir con quién se contrataba en dicho departamento.

La vista se reanudará mañana en sesiones de mañana y tarde con la declaración de ocho agentes de la Policía y de los testigos restantes de la Fiscalía y de una de las acusaciones populares.