Muñiz (Igrafo): Nunca hemos recibido trato de favor de ninguna administración

El administrador de Almacenes Pumarín se define como "víctima" del "caos" del Principado

El empresario Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo y que afronta una pena de nueve años de prisión como acusado en el caso Renedo ha asegurado hoy que su empresa "nunca" recibió trato de favor "de ninguna administración".

En su declaración ante el tribunal que juzga la causa, Muñiz, que sólo ha respondido a su abogado, ha señalado que su empresa se ganó la confianza de los 1.500 clientes que llegó a tener en Asturias gracias a su "profesionalidad y seriedad" y que la Consejería de Educación sólo suponía el 5% de su facturación.

"Nuestra empresa nunca facturó un importe que no hubiese sido entregado. Nos hemos ganado la confianza de los clientes y la confianza no se regala, se gana", ha añadido tras cuestionar que se cobrase por materiales que nunca llegaron a centros educativos y ha considerado que los mismos podrían estar "en otro sitio" y que la administración ahora "no los haya localizado".

Tras admitir que conoce desde hace décadas a los principales responsables políticos acusados en la causa -el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, del que ha asegurado ser amigo, y la ex directora general María Jesús Otero-, Muñiz ha negado que ni a estos ni a otras personas su empresa les entregara regalos o dádivas.

"Nunca se han hecho liberalidades a favor de Otero ni de otros salvo que se considere una liberalidad invitar a tomar un café o dar un calendario a final de año", ha subrayado.

En el caso de la ex jefa de servicio del Principado Marta Renedo ha señalado que tenía relación con ella al igual que con otros funcionarios que habían tenido cargo dada su labor como encargado de los montajes en obras que le adjudicaba la administración.

"Nos contrataban porque trabajábamos bien, dábamos un servicio rápido y de calidad y no sólo era el Principado", ha apuntado, sino el resto de administraciones públicas dado que además la empresa tenía capacidad financiera para aguantar las demoras en los pagos, algo que las compañías con las que competía no contaban.

Entre ellas ha mencionado a Almacenes Pumarín, otra de las empresas investigadas en el caso Renedo, y con la que ha negado que actuase en coordinación para repartirse concursos y adjudicaciones y con la que la relación era "de pura y dura competencia".

Además, ha reconocido que, dada su relación con Riopedre, el consejero le pidió en 2010, tal y como admitió este en su declaración, que consiguiera trabajo para su hijo al estar muy preocupado por las consecuencias de la crisis para la empresa de geotecnia y geotermia que había creado.

Muñiz ha señalado que le hubiese "encantado" poder ayudarle pero que ese mercado le era desconocido salvo en el caso de la empresa Nora, "con la que sí tenía algo de confianza" aunque ha negado que la controle, tal y como sostiene la Fiscalía.

Dicha compañía, cuyo responsable también figura como acusado, fue la encargada de subcontratar después a Geogal, la empresa fundada por el hijo del exconsejero, diversos sondeos para realizar estudios sobre la posibilidad de instalar sistemas de geotermia que permitiesen abaratar la calefacción en varios centros educativos.

Según Muñiz, ni tiene ni ha tenido participación en Nora al margen de alguna colaboración que mantuvo con Igrafo para conseguir determinadas normas de calidad y cuando tenía que acometer alguna obra que requería de una especial cualificación técnica.

El empresario, acusado de los delitos de cohecho y falsificación como presunto autor y de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperador por los que se reclama una multa de 1,5 millones, ha señalado que llevaba cuarenta años operando en el ámbito educativo, mucho antes de que el Principado asumiera las competencias.

La firma fundada por Víctor Manuel Muñiz en 1973 llegó a facturar más de 12 millones de euros al año y, tras su detención en enero de 2011, se vio además envuelta en una inspección de la Agencia Tributaria y acudió a un concurso de acreedores que acabó con la liquidación de la empresa, que llegó a tener ochenta empleados.7

El administrador de Almacenes Pumarín se define como "víctima" del "caos" del Principado

El administrador de Almacenes Pumarín, Alfonso Sánchez, ha afirmado hoy, durante su declaración ante el tribunal que juzga el caso Renedo, que él es una "víctima" del "caos" existente en el funcionamiento del Principado en el ámbito de las contrataciones de los productos que servía su empresa.

Sánchez, para el que la Fiscalía pide nueve años de prisión por cohecho y falsificación y una multa de 1,9 millones, ha considerado "increíble" que la administración a la que suministraba materiales para centros educativos ejerza ahora la acusación particular después de haber "utilizado" y "engañado" a su empresa al verse inmerso en un procedimiento que, ha subrayado, le "deshizo la vida".

En sus respuestas a las preguntas de su abogado tras negarse a responder a las demás partes, Sánchez, cuya empresa llegó a facturar 24 millones de euros y a tener una plantilla de 135 personas, se ha definido como "un mero proveedor" del Principado y que como administrador de Almacenes Pumarín se encargaba de visitar las obras, pero no de las labores comerciales ni de facturación.

No obstante, ha señalado que sí conocía que su empresa, al igual que otras compañías y que el resto de consejerías de la administración autonómica, utilizaba sistemas de contratación que él desconocía que fueran ilegales dado que daba por hecho que desde el Principado se les daría la adecuada tramitación administrativa.