Empleados de ayuntamientos y de la Universidad niegan haber recibido sobornos

Aparecen en las conversaciones grabadas como presuntos receptores de regalos

Cinco empleados públicos de los ayuntamientos de Oviedo, Mieres y Avilés y de la Universidad de Oviedo acusados de un delito de cohecho por las acusaciones populares en el caso Renedo han negado hoy haber recibido sobornos de las empresas investigadas en esta presunta trama de corrupción.

Todos ellos han prestado testimonio hoy ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo en la cuarta sesión del juicio en la que también está previsto que declaren los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez, respectivamente, que afrontan penas de nueve años de cárcel.

Este grupo de acusados, contra los que la Fiscalía no presenta cargos y para los que las acusaciones populares piden dos años de cárcel, ocupaba diversos cargos en las instituciones para las que trabajan y aparecen en las conversaciones gradas como presuntos receptores de regalos por parte de las empresas investigadas.

Según el funcionario del Ayuntamiento de Mieres Francisco Javier Juárez, su responsabilidad en el ámbito de las compras era tramitar los gastos de menos de 300 euros para que pudieran ser realizados por los funcionarios responsables de cada área sin que tuviera capacidad para decidir con qué empresas había que trabajar.

Juárez ha asegurado no entender por qué su nombre aparece en una conversación telefónica en la que un comercial de Almacenes Pumarín ya fallecido e íntimo amigo suyo hablaba con un responsable del PSOE en Mieres y aludía a la necesidad de contactar con él para llegar al concejal de Hacienda antes de proceder a una contratación.

Dicho contrato, correspondiente a una escuela infantil, fue adjudicado a otra compañía, ha asegurado el funcionario tras señalar que si su nombre aparece en la contabilidad de Almacenes Pumarín es porque gestionó obras en su domicilio a través de su amigo que fueron pagadas por la empresa pero que después le abonó tras sacar la cantidad correspondiente de su cuenta bancaria.

Una explicación similar ha dado sobre el pago de un viaje al Caribe junto a su familia por parte de Igrafo, uno de cuyos comerciales le remitió a una agencia de viajes para que lo tramitara por importe de 4.000 euros que fue pagado por la empresa pero que él satisfizo en metálico con dinero sacado al día siguiente de su regreso de su cuenta y de la de su madre.

También ha reconocido que compró a su "íntimo" amigo en Almacenes Pumarín tarjetas de compra de El Corte Inglés por importe de 12.000 euros, un producto que éste recibía como pago en especies por parte de su empresa y que le revendía a un precio menor dado que, por su afición a la bebida, necesitaba disponer de dinero en efectivo.

A este comercial se ha referido también el trabajador del servicio de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo Isaac Ovies que ha admitido que, por intermediación de este y dada la relación de amistad que ambos mantenían, recibió en 2009 y 2010 sendas cestas de Navidad de Almacenes Pumarín con un valor de entre 30 y 40 euros.

También ha señalado que le compró tarjetas de compra en El Corte Inglés, dado que tenía muchas a su disposición al cobrar por esta vías las comisiones que le correspondían por su trabajo en Pumarín, y aceptó comprárselas dado que le suponían un ahorro de dinero.

Además ha negado tener responsabilidad en materia de compras al igual que su compañero José Villa Cantero, que también recibió dos cestas de navidad del mismo comercial de Pumarín y al que adquirió asimismo tarjetas de compra por valor de 2.400 euros.

Por su parte, el profesor de la Escuela de Ingeniería de Gijón José Manuel Blanco Fernández ha señalado que sólo se encargaba de pedir a un comercial de empresas como Almacenes Pumarín el material que necesitaba para impartir sus clases previa aprobación de las compras por parte del departamento en el que trabajaba.

Además, en la sesión de tarde ha prestado declaración también el arquitecto interino del Ayuntamiento de Avilés, que recibió un armario y un viaje a Barcelona de las empresas implicadas, para el que dos acusaciones populares piden dos años y una multa de 3.240 euros por un delito de cohecho Braulio Iglesias.

Al igual que el resto de funcionarios ha negado tener capacidad de decisión sobre las compras en la administración en la que trabajaba y ha señalado que a través de un comercial de Igrafo adquirió un armario para su domicilio por importe de 600 euros que posteriormente le abonó en mano.