Pulgar apunta al exasesor fiscal del Montepío como una persona clave en la trama

Ha insistido en que el poder de Villa era máximo

Según el actual presidente del Montepío, la empresa de José Manuel Fernández, Aucontor, era una pieza clave en la gestión de la entidad. Se encargaba hasta de las nóminas y los contratos blindados. Un trabajo de asesoramiento por el que cobraba al año 100.000 euros.

En su declaración judicial, Pulgar señala al exasesor como el ideólogo de la adjudicación del geriátrico a Alcedo de los Caballeros. A juicio del actual presidente del Montepío, existía un acuerdo previo entre Postigo, José Manuel Fernández y el constructor para preparar a la carta la adjudicación de la residencia de Felechosa.

En este plan, el papel de Villa sería el de conseguidor, la persona que se encargaba en Madrid de limar el terreno para conseguir la subvención.

En su declaración judicial, Pulgar ha insistido en que el poder de Villa era máximo. Su palabra, ha recalcado, llegaba hasta el sótano y nadie se atrevía a contradecir sus órdenes.

Los fiscales Anticorrupción se han interesado especialmente por saber si algún responsable político pudo tener contraprestaciones por dar facilidades al proyecto.

Pulgar, ha asegurado que no tiene constancia. Las pesquisas de Anticorrupción se dirigen hacia el Instituto de reestructuración de las comarcas mineras, hacia la alcaldía de Aller y también han pregunado por la Consejería de Industria del Principado.

El Montepío realizará una auditoría de las últimas obras realizadas en Ledesma

El presidente del Montepío también confirmó que realizarán una auditoría de las últimas obras ejecutadas en el balneario de Ledesma, en Salamanca, obras que costaron seis millones de euros y terminaron en junio de 2013.

Pulgar recordó que dentro de ellas se adjudicaron obras por valor de 2,9 millones a la constructora Alcedo de los Caballeros, cantidad que se elevó finalmente hasta casi cuatro millones. Pulgar denuncia que ese aumento no fue sometido a la autorización de la Comisión Regional del Montepío, presidida entonces por Postigo.

Además, está convencido de que hubo intencionalidad en este asunto porque la Comisión Regional aprobó la petición de un crédito de 3,5 millones en la misma reunión en la que se adjudicaron las obras a Alcedo por 2,9 millones.

Pulgar asegura que esas obras no eran imprescindibles y aún así se llevaron a cabo. El Montepío estudiará si lleva a cabo reclamaciones contra la constructora en función del resultado de la auditoría.