Pérez Villalta se desvincula del proyecto del Geriátrico de Felechosa
El Principado ofrece su colaboración en la investigación sobre el geriátrico
La investigación por la operación Hulla sigue abierta y no se descarta que haya nuevas imputaciones. Las miradas están puestas ahora en el que fuera alcalde de Aller y expresidente de la Asociación de las Comarcas Mineras, Gabriel Pérez Villalta.
Su nombre figura en el listado de la Fiscalía como integrante de la mesa regional de la minería que distribuyó los fondos para la Residencia. La investigación también señala que, como alcalde, dio la licencia para el geriátrico, estando éste en suelo rústico, y cuando ya se llevaban 17 certificaciones de obra.
En el marco de la investigación, la UCO ha recabado documentación en el consistorio. Villalta es el único de los integrantes de la mesa citados por Anticorrupción que no ha declarado, de momento, ni como testigo ni como investigado. En declaraciones a TPA, Pérez Villalta asegura que nada tuvo que ver con ese proyecto y que la inversión la decidieron los sindicatos.
De los 200 millones de euros que se repartían de los fondos mineros, 29 millones fueron para la residencia de Felechosa. La firma del acuerdo se suscribió el 24 de julio. La residencia recibía fondos tres veces superiores al coste, de 10 millones de euros, que figuraba inicialmente en el primer proyecto del geriátrico.
El Principado ofrece su colaboración en la investigación sobre el geriátrico
El Gobierno asturiano ha asegurado hoy no haber recibido ningún requerimiento sobre la causa abierta por el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico de Felechosa y ha mostrado su "total disposición" a colaborar con la justicia.
El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha pedido que se deje trabajar a la justicia y que estas tareas se realicen "de la manera más ágil posible" aunque ha considerado que "no parece lógico" que un gobierno comente "cada paso judicial".
No obstante, ha reiterado que el convenio para la construcción de la residencia La Minería con fondos mineros fue suscrito entre la administración central y el Montepío, que se encargó de la ejecución de las obras, y que, por tanto, al Principado no le correspondía el control y seguimiento del desarrollo del proyecto.