Asturias no regateará esfuerzo político y económico ante la violencia machista

Llamazares: "Más que una epidemia puede considerarse un acto de terrorismo"

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que su Gobierno no va a regatear esfuerzos económicos ni políticos para hacer frente a la violencia de género, si bien ha advertido de que su erradicación requiere de un esfuerzo continuado de numerosos agentes y no sólo del Ejecutivo.

Fernández ha respondido hoy en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta formulada por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, sobre si piensa liderar una repuesta política y social para poner coto a la lacra de la violencia de género, propuesta a la que el presidente le ha contestado que sí.

Después de que esta semana un hombre matara a golpes a su pareja, una mujer de 65 años, en Oviedo, el portavoz de IU ha dicho que los datos no pueden ser más negativos ya que el pasado año hubo 51 víctimas y que este año ya van por 46 "y se corre el riesgo de superar los crímenes de años anteriores".

"Más que una epidemia puede considerarse un acto de terrorismo que limita la libertad y autonomía de las mujeres", ha dicho el portavoz de IU que ha señalado que en España 600.000 mujeres han sido objeto de violencia doméstica.

Ante esta situación, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional que se revise lo que se está haciendo y se impulsen nuevas medidas con el fin de liderar una respuesta adecuada frente a la violencia machista, que incluya una recuperación del compromiso presupuestario frente a la violencia y cambios normativos.

"Algo estamos haciendo mal en todo el país cuando no somos capaces de atajar una lacra que es la demostración del fracaso social", ha reconocido el presidente del Principado que, sin embargo, ha destacado que Asturias ya tiene cierto liderazgo frente a otros territorios del país en la lucha contra la violencia de género.

En cualquier caso, ha dicho que su erradicación supera a cualquier gobierno y requiere de un esfuerzo continuado que implique a numerosos actores ya que, "hay que partir de una visión amplia para no fracasar".

Tras reconocer que este fenómeno no se soluciona con una ley o una protesta, ha señalado que Asturias fue pionera con una ley de violencia de género y con el desarrollo de servicios como una red de casas de acogida, planes personalizados de apoyo a las víctimas y medidas de atención para los el Principado destinará este año 1,14 millones de euros, a los que hay que sumar más de 800.000 euros para favorecer su inserción laboral y un convenio con Cruz Roja.

"El compromiso del Gobierno está acreditado", ha afirmado el jefe del Ejecutivo asturiano que ha asumido el reto que le ha plantado el portavoz de IU de liderar una política social y política a la violencia machista desde Asturias.

Apoyo al mantenimiento del Centro Especial de Empleo

La Junta General ha aprobado por asentimiento una declaración institucional de apoyo al mantenimiento del Centro Especial de Empleo (APTA) para que siga manteniendo su compromiso de integración laboral y profesional de personas con discapacidad, mediante el desarrollo de una actividad empresarial competitiva.

La propuesta respaldada en el pleno conmina a la Fundación ONCE, a través de Fundosa Grupo SA, a que se comprometa con el proyecto empresarial, manteniendo su apoyo económico y financiero al mismo.

Además, emplaza a todas las administraciones públicas a que se involucren en el apoyo de este centro especial de empleo, con medidas concretas tendentes a su rentabilidad empresarial.

El texto aprobado recuerda que desde 1981, la empresa APTA ha sido un ejemplo de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, demostrando que es posible compaginar rentabilidad económica y rentabilidad social.

Apoyo a los trabajadores de Fahime

Además, la Junta General ha aprobado hoy también por asentimiento de todos los grupos que la forman una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de la empresa Fahime y respaldo a la continuidad de la actividad productiva que hasta ahora realizaba este grupo empresarial.

Convencidos de que es posible una alternativa de futuro, en esta declaración institucional el Parlamento asturiano se compromete a posibilitar la intervención del poder ejecutivo y hacer las gestiones necesarias para abrir un proceso de negociación con aquellos interlocutores sociales, empresariales y políticos que puedan contribuir a dar una salida efectiva y rápida a la grave situación actual.

Los trabajadores de este empresas, que atraviesa una grave situación tras la decisión de su dirección de presentar un ERE de extinción que afecta a la totalidad de sus 92 trabajadores, se han movilizado estos días con el objeto de recabar el máximo apoyo social, institucional y político.

En este marco de actuación, sus trabajadores se han dirigido a la Junta General del Principado de Asturias para agradecer el apoyo transmitido por parte de todos los Grupos Parlamentarios ante las incertidumbres de futuro a las que se enfrentan.

Estos trabajadores solicitan que dicho apoyo se traduzca en medidas concretas y piden que se articulen los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad del grupo empresarial, así como el mantenimiento de su actividad productiva y de los 92 puestos de trabajo de la empresa.

Contratos de Alcor en centros de menores

El pleno ha instado hoy al Gobierno regional a rescindir todos los contratos con la empresa de seguridad Alcor, encargada de la vigilancia de distintos centros de menores dependientes del Principado, si así lo respalda el pertinente informe jurídico.

La propuesta, que fue aprobada por unanimidad, plantea la rescisión del contrato con la este empresa "por el palmario incumplimiento del mismo que se ha venido produciendo" en los centros de menores de Sograndio, Miraflores y del Materno Infantil de Oviedo.

El mandato se produce después de que el Ejecutivo haya llegado a un acuerdo ya con la empresa para rescindir el contrato que haya para la vigilancia del centro de Miraflores.

La iniciativa también plantea que se incorporen de manera efectiva las cláusulas sociales en la contratación pública, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento por las empresas de los compromisos establecidos en los convenio colectivos.

Además, pide que se revisen todos los contratos de seguridad, especialmente aquellos que están referidos a centros de menores, y que se estudie una reorientación del actual modelo socioeducativo de los centros de menores , en especial, en los destinados a menores conflictivos.

Impuesto de sucesiones 

Por otra parte, el pleno ha rechazado con el voto en contra de socialistas, Podemos e IU, tomar en consideración una proposición de ley presentada por el Partido Popular en la que se pedía eliminar prácticamente el pago del impuesto de sucesiones y donaciones.

La propuesta, que sí recibió el apoyo de Foro y Ciudadanos, fue criticada por el bloque de izquierdas por considerar que se trataba de propuesta injusta y poco redistributiva con la que sólo se iban a beneficiar los más ricos.

Así, la socialista Margarita Vega ha recordado que esta propuesta ya la habían llevado los populares a la Cámara regional en siete u ocho ocasiones con el único objetivo de reducir "la carga fiscal a quienes tienen los patrimonios más abultados".

"La propuesta está llena de tópicos, generalidades y falta de conocimiento de la realidad asturiana, por no decir de falsedades", ha dicho la parlamentaria socialista, al negar que el impuesto afecte más a la clase media porque en la práctica más del 95 por ciento de las familias asturianas no pagan este impuesto.

Asimismo, ha criticado que las bonificaciones que plantea el PP solo pretende beneficiar a las familias más adineradas y ha advertido de que la propuesta no incluía ninguna bonificación para las empresas, porque ya están incluidas en la normativa actual.

El diputado de Podemos Enrique López ha defendido también un impuesto de sucesiones de carácter progresivo, equitativo y justo, y ha incidido en que hasta ahora nadie ha explicado cómo se compensaría la pérdida de los 140 millones euros de media que anualmente se recaudan con él en Asturias cada año.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, al afirmar que este impuesto puede reformarse, pero siempre que se mantenga la recaudación y la progresividad, es decir, haciendo que quien más tenga más pague y partiendo del hecho de que ahora sólo lo pagan el 5 por ciento de los asturianos.

Previamente, la diputada del PP Emma Ramos había planteado la necesidad de conseguir una bonificación del 99 por ciento en el impuesto con el fin de que prácticamente la totalidad de los habitantes de Asturias no tengan que abonarlo y de que las empresas puedan mejorar su competitividad.

Desde Ciudadanos, el diputado Ignacio Prendes ha incidido también que los asturianos son los españoles que más pagan del país, lo que en su opinión "no es justo ni equitativo" por lo que ha abogado por una homogeneización de este impuesto en todo el territorio nacional y en el que se contemple la exención del pago por vivienda habitual o negocio.

La portavoz del PP, Cristina Coto, ha señalado que el debate no es nuevo en la Cámara y que, por lo tanto, no es nueva la posición de su partido, favorable a la eliminación total de este impuesto y de reducir otros para acabar con la "asfixia fiscal" que sufre la comunidad y sus habitantes, "discriminados frente al resto de españoles".

Pacto político sobre RTPA 

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado que el pacto que han conseguido cerrar PSOE, PP e IU para la continuidad de Antonio Virgili como director general de la TPA es una muestra de responsabilidad política y una garantía de independencia.

"Se trata de una mayoría reforzada -suman 30 de los 45 diputados de la Junta- la que se ha conseguido en una negociación en la que todos habremos tenido que ceder", ha afirmado el presidente asturiano, antes de asegurar que haberlo hecho "a tres meses de las elecciones es una muestra de responsabilidad política y garantía de independencia".

Fernández ha respondido hoy en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta formulada por el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García sobre los criterios que se han tenido en cuenta para alcanzar el acuerdo político de renovación del equipo directivo de la Radio Televisión del Principado.

El acuerdo plantea la continuidad para los próximos seis años del actual director en funciones del ente autonómico, Antonio Virgili, que se encuentra en esta situación desde hace cuatro años.

El acuerdo conlleva también la puesta en marcha de un consejo de administración presidido por Virgili e integrado por ocho representantes propuestos por los partidos con representación en la Junta General, salvo por Ciudadanos.

Aena, enlace a Madrid de Iberia

El presidente regional, Javier Fernández, ha reconocido hoy que "no está satisfecho" del precio de los billetes y de la oferta de vuelos del enlace que opera Iberia con Madrid, pero ha apuntado que esta situación mejoraría "si existiera algo de apoyo" por parte de Aena y del Ministerio de Fomento.

El presidente ha dicho que la "prudencia" no le permite desvelar las negociaciones que mantiene su Ejecutivo con las aerolíneas para conseguir aumentar el número de líneas que operan en el Aeropuerto de Asturias y por conseguir unos billetes más baratos para mejorar las conexiones internacionales, favorecer el trabajo empresarial y potenciar el turismo.

Ha afirmado que las cifras de aumento en las operaciones en el aeródromo regional "echan por tierra" las críticas de la líder del PP sobre los vuelos en la región.