El SOMA-UGT defiende su actuación por el comportamiento "deleznable" de Villa

Alperi se muestra confiado en que "pague lo que tenga que pagar"

El secretario general de SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha defendido hoy la actuación del sindicato contra el que fuera su máximo responsable durante 35 años, José Ángel Fernández Villa, por su comportamiento "deleznable" al regularizar en la amnistía fiscal 1,2 millones cuyo origen se está investigando.

"No conozco ninguna otra organización ni sindical ni política que se haya querellado contra uno de sus miembros por corrupción", ha señalado Alperi tras recordar que la organización demandó a Fernández Villa tras una auditoría interna que constató la presunta apropiación indebida de 434.158 euros de fondos del sindicato.

En rueda de prensa, el dirigente del sindicato minero ha incidido en que tanto Fernández Villa como José Antonio Postigo, uno de sus hombres de confianza en la central que ocupó el cargo de presidente del Montepío, fueron expulsados de la organización tras conocer que ambos se habían acogido a la amnistía fiscal.

Alperi ha subrayado la necesidad de salvaguardar las organizaciones, tanto el sindicato como la mutualidad minera, que están "por encima de comportamientos personales totalmente deleznables y reprochables" y por lo que se ha mostrado confiado en que "paguen lo que tengan que pagar".

Su homólogo en la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha asegurado, por su parte, estar "muy preocupado" por la investigación de la "Operación Hulla" relativa al cambio de normativa que permitió al Montepío construir con más de 30 millones de euros de fondos mineros la residencia geriátrica donde se centran las sospechas sobre el origen del dinero que ambos regularizaron.

"Nos preocupa y mucho que pudiera haber personas con una determinada intencionalidad" desde que se puso en marcha el proyecto con el objetivo de obtener "lucros personales", ha apuntado tras señalar que el tiempo "ayuda y pone a cada uno en su lugar" y que, quien debe hablar sobre todo, es la Fiscalía Anticorrupción.

Manzano ha advertido además de que un caso de presunta corrupción como el que se investiga en torno al uso de fondos públicos destinados a compensar el efecto de la reconversión minera "no ayuda" a defender el futuro de un sector "viable e imprescindible", pero que tiene marcada como fecha de caducidad para las explotaciones deficitarias el 31 de diciembre de 2018.