El Ejecutivo da luz verde al crédito extraordinario de 111,3 millones

Pretende paliar los efectos negativos de la prórroga de los presupuestos regionales

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de crédito extraordinario de 111,3 millones de euros con el que pretende paliar los efectos negativos de la prorroga de los presupuestos regionales durante el presente ejercicio.

De esta cantidad, 44,9 millones irán destinados a amortizar deuda, otros 15 millones a complementar la partida destinada al pago del salario social y 51,4 millones a actuaciones como la mejora la oferta del ciclo infantil de cero a tres años o a inversiones en carreteras y puertos

La petición de crédito del Ejecutivo deberá ahora ser tramitada en el parlamento regional donde, si se lleva a cabo por el procedimiento de urgencia, podría ser finalmente aprobado en el plazo de unos dos meses, tiempo que se vería notablemente reducido si se lleva a cabo por el de lectura única, como quiere el Gobierno y defienden grupos como IU.

Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, ha afirmado que la aprobación de este crédito "es absolutamente necesaria", mientras que la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha mostrado su deseo de que éste cuente con el mayor respaldo posible en la Cámara regional.

"Se va se va a remitir ya a la Junta y esperamos que se apruebe cuanto antes para que sus efectos se noten también cuanto antes", ha precisado la consejera tras señalar que Podemos e IU ya han avanzado que apoyarán la ley, que con el PP están a la espera de que se cierren algunos flecos y que espera que Foro y Ciudadanos también se sumen finalmente al acuerdo durante el proceso parlamentario.

Los 4.213 millones del presupuesto prorrogado de 2017 son insuficientes para atender las necesidades e inversiones del presente ejercicio por lo que, según ha recordado Carcedo, este crédito servirá para completar las cuentas y paliar los efectos derivados también de la retención que el Gobierno central ha hecho de 116 millones de la financiación autonómica.

Es una doble prórroga, por lo tanto, a la que tiene que hacer frente el Ejecutivo que preside Javier Fernández, ha incidido la titular de Hacienda que, no obstante, confía en que finalmente esos 116 millones lleguen a lo largo del Ejercicio.

En el caso de que el 15 de septiembre no se haya hecho efectiva esa transferencia, este proyecto de ley prevé aplazar 27,6 millones de las inversiones programadas para poder garantizar el pago de los gastos derivados de la deuda.

De los 111,3 millones que el Gobierno quiere incorporar a su presupuesto, 98 se van a obtener a través de endeudamiento y los 13,3 millones restantes por recursos provenientes del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

Con esos recursos, se podrán destinar 15 millones más al salario social, que este año supondrá un gasto de 120 millones, se amortizará deuda por importe de 44,9 millones y se invertirán otros 51,4 millones.

En este último apartado se incluyen los 2,48 millones destinados a ampliar y financiar la red de educación infantil de cero a tres años, incluida una rebaja del 50% en la cuota que pagarán las familias a partir del próximo curso, medida que ha llevado a Podemos a dar finalmente su respaldo a esta ley.

Otros 1,57 millones irán destinados a hacer frente a la convocatoria de nuevas oposiciones en educación y 1,62 millones a completar los compromisos de financiación de la Universidad.

Otra partida de 17,5 millones irá a actuaciones de desarrollo rural, y de ellos, 6,2 millones se dirigirán a la prevención de incendios, programa que dispondrá de 14 millones de gasto anual.

En lo que se refiere a inversiones para la renovación tecnológica, se destinan 5,45 millones más a la transformación digital de la administración autonómica, plan que con esta partida contará con más de 16,6 millones este año.

El crédito reserva 7,4 millones para obras en carreteras, puertos y equipamientos hidráulicos, incluida una partida de 90.000 euros para iniciar el estudio del tren cremallera a los Lagos de Covadonga que había solicitado el PP, y medio millón para combatir el plumero de la Pampa y la avispa asiática. .

Otros 2,89 millones tienen como destino la mejora de centros sanitarios mientras; 1,39 millones irán para centros educativos, como los institutos de La Corredoria, La Fresneda, La Florida y el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, y 600.000 más para obras en sedes judiciales.

Tres millones más irán destinados a fomentar las inversiones por parte de las empresas y 1,8 millones para impulsar la economía baja en carbono.

"Se ha hecho un esfuerzo para garantizar recursos e inversiones", ha subrayado la consejera que ha insistido en que va a hacer todas las peticiones que sean necesaria para que se agilice la aprobación de esta ley.