La Fiscalía cree que el Montepío simuló requisitos para obtener la subvención

La querella sitúa en el año 2003 el inicio del enriquecimiento presuntamente ilícito de Postigo

La Fiscalía Anticorrupción considera que el Montepío de la Minería simuló contar con los requisitos necesarios para obtener la subvención pública de 31 millones de euros con la que construyó la residencia de mayores de Felechosa, objeto de investigación en el marco de la Operación Hulla.

En la querella remitida al Juzgado, Anticorrupción aprecia indicios de que "se falsearon y ocultaron datos esenciales" para hacerse con la subvención del geriátrico, donde se centran las sospechas del cobro de mordidas por parte de los investigados, entre ellos el ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo.

Anticorrupción llama la atención sobre el hecho de que el Montepío eligió y contrató a la constructora antes de la aprobación de la subvención y que las obras comenzaron en mayo de 2009 cuando el Ayuntamiento de Aller no concedió la licencia hasta septiembre de 2010.

Además, apunta, el Gobierno central tuvo primero que modificar la normativa, mediante real decreto de julio de 2009 para que una entidad privada pudiera recibir las subvenciones de los fondos mineros, "a pesar de las recomendaciones en contra del Abogado del Estado y de la Secretaria Técnica del Ministerio de Industria".

El Consejo de Ministros no autorizó hasta el 30 de octubre de 2009 la firma del convenio, que finalmente fue suscrito el 22 de diciembre de 2009 sin que el Montepío contara con todas las autorizaciones necesarias, puesto que la licencia de obras fue emitida por el Ayuntamiento nueve meses después.

Anticorrupción incide en que el Montepío, mediante un "procedimiento de licitación ficticio", adjudicó la obra a la empresa Alcedo de los Caballeros, pese a que contaba con "una solvencia muy inferior al de otras promotoras competidoras".

La empresa, tras ser seleccionada, y presuntamente siguiendo los dictados del plan establecido, incrementó el precio de su "supuesta oferta" hasta coincidir "al euro" con el importe de la subvención.

La Fiscalía considera que el presupuesto económico de la constructora estuvo "sobredimensionado" con el objetivo de obtener la subvención íntegra y "generar cantidades dinerarias para sufragar el pago de las presuntas comisiones ilícitas".

A este respecto, añade que la obra fue adjudicada a esta empresa "a sabiendas de que no contaba con la solvencia técnica necesaria para acometer la ejecución del proyecto", por lo que fue necesario recurrir a subcontratas para determinados trabajos.

Esta circunstancia permitió a los investigados, según la investigación, "fijar unilateralmente los presupuestos de cada partida para ajustarlos a sus intereses, adaptándolos al montante exacto de la subvención".

El informe expone que las declaraciones testificales tomadas durante la investigación apuntan a que el entonces presidente del Montepío solicitaba comisiones a las subcontratas a cambio de ser beneficiadas en la obra, y que presuntamente eran abonadas en un bar de Pola de Lena propiedad del dueño de Alcedo de los Caballeros.

El análisis de las ventas declaradas por los proveedores de la constructora y de sus cuentas bancarias acreditan retiradas de efectivo por importe de 2,8 millones de euros entre 2009 y 2012, años que coinciden con la ejecución de las obras de la residencia.

Además, Anticorrupción cree que el expresidente del Montepío de la Minería y su actual pareja se apropiaron de 303.250 euros de la mutualidad con facturas ficticias y aumentos indebidos del coste del servicio de limpieza, una actividad que se habría iniciado ya en el año 2003.

Anticorrupción señala que "las actividades delictivas que habrían dado lugar al incremento patrimonial" de Postigo tienen "como presupuesto el torcido desempeño" de los cargos que ostentó al frente del Montepío, especialmente durante su etapa como presidente entre 2006 y 2014.

La Fiscalía apunta que, entre los años 2003 y 2005, Postigo incrementó indebidamente los costes de la limpieza en el residencial de Roquetas de Mar (Almería) en "al menos" 138.331 euros utilizando una empresa interpuesta entre el Montepío y la sociedad que realmente prestaba el servicio.

Además, cree que se concertó con su actual pareja, que dirigía el residencial del Montepío de Los Alcázares (Murcia), para "sustraer" fondos de la mutualidad mediante facturación ficticia a través de otra mercantil interpuesta.

Con ello, según sospecha Anticorrupción, la pareja de Postigo resultó beneficiaria directa de 164.919 euros que fueron ingresados en su cuenta personal.

La Fiscalía considera que Postigo abusó de su posición "presuntamente bajo el beneplácito" del entonces secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, que se "prevalió de su poder" para colocarle al frente del Montepío.

Fernández Villa y Postigo son dos de los dieciséis investigados en la Operación Hulla en la que la Fiscalía ve indicios de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y mercantil, fraude de subvenciones, trafico de influencias, apropiación indebida y contra la hacienda pública.

La querella presentada por la Fiscalía apunta como origen principal de los delitos el proceso seguido para la construcción del geriátrico de Felechosa entre los años 2009 y 2012 que contó con una subvención publica de 31 millones con cargo a fondos mineros.

No obstante, Anticorrupción considera que Postigo pudo iniciar su "incremento patrimonial ilícito" en 2003 gracias a los diferentes cargos que desempeñó en la mutualidad.

Anticorrupción inició esta investigación después de que el histórico líder sindical y dirigente socialista y el entonces presidente del Montepío se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.

Postigo adujo que se trataba de un dinero que tenía en casa pero la Fiscalía subraya que las percepciones económicas que percibió por su trabajo no pueden justificar la cuantía regularizada ni gran parte de las compras que hizo para él o su familia en ese periodo.

Por su parte, Fernández Villa trató de justificar la procedencia del dinero por la herencia de su madre, argumento rebatido por Anticorrupción al cifrar en poco más de 29.000 euros la cantidad recibida por dicho concepto y al advertir de que su núcleo familiar nunca tuvo tal capacidad de ahorro.

Fernández Villa está inmerso en otra causa, en la que ya se ha decretado apertura de juicio oral, por la presunta apropiación indebida de 434.158 euros de fondos del sindicato.