Las defensas del Caso Renedo piden la nulidad de las escuchas telefónicas

El Tribunal rechaza elevar la responsabilidad civil a los acusados

Las defensas de los principales acusados en el juicio por el Caso Renedo, la mayor causa por corrupción abierta en Asturias, han solicitado hoy la nulidad de las escuchas telefónicas y de los registros realizados durante la fase de instrucción, que han calificado de "caótica" y "extravagante".

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acogido hoy la primera de las sesiones de este juicio oral, dedicada al planteamiento de las cuestiones previas, en el que trece personas se sientan en el banquillo de los acusados, entre ellos el ex consejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el Departamento de Educación, María Jesús Otero.

La investigación se remonta a principios de 2010, cuando se detectaron actuaciones irregulares en la adjudicación de contratos por parte de la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyo acrónimo ha dado nombre al caso (Marea), en unos sucesos que se produjeron durante el mandato del socialista, Vicente Álvarez Areces.

También están acusados, entre otros, los gerentes de las empresas supuestamente beneficiarias de esos contratos, Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín).

Durante la sesión, las defensas de los acusados en participar en esta supuesta trama de adjudicación de contratos públicos han alegado la vulneración de los derechos de sus defendidos para solicitar la nulidad de las averiguaciones obtenidas a partir de las escuchas y los registros.

A este respecto, han advertido de que algunas escuchas telefónicas se produjeron cuando las defensas y los acusados estaban en la fase de diseño de sus estrategias.

Además, han insistido en la conveniencia de haber abierto dos causas, una por las presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Consejería de Educación y otra contra Renedo, cuya defensa ha llegado a solicitar el sobreseimiento de todo el proceso.

La fiscal del caso, Carmen Rodríguez, ha rechazado la presentación hace un mes de una prueba documental por parte del Principado, que actúa como acusación particular, sobre obras realizadas en colegios e institutos de la región y ha criticado la tardanza en presentarla cuando ha tenido seis años para hacerlo.

El Principado pretendía elevar en 2,5 millones de euros la responsabilidad civil de los acusados, cuestión que ha sido rechazada por las defensas al entender, como el Ministerio Fiscal, supondría la "indefensión" de sus clientes y entender que sería un caso diferente a este juicio oral que comenzará el próximo día 13 con las declaraciones de los acusados.

El Tribunal presidido por Javier Domínguez Begega ha rechazado la inclusión de esta prueba presentada por el Principado mientras que el abogado de Almacenes Pumarín, Javier Díaz Dapena, ha pedido el aplazamiento del juicio oral y que se dicte un auto en el que se resuelvan todas las cuestiones previas.

Por su parte, el abogado de la empresa Igrafo, Miguel Valdés-Hevia, ha pedido que Soledad Saavedra, esposa del Álvarez Areces, testifique para explicar los gastos "catedrálicios" registrados en el Instituto Adolfo Posada, cuando era jefa de servicios del Área de Formación, al considerar que representan un caso de "fraude o de caos" en la gestión de esta institución.

Además, ha pedido al Tribunal que prevalezcan los derechos de los acusados al de la información al solicitar que no se difundan por medios audiovisuales las declaraciones de los acusados.

La abogada de Otero, Ana Muñiz, ha criticado el exceso de "politización" persistente en el caso y ha rechazado que exista "una trama organizada" al alegar que Iglesias y Otero no conocían a Renedo.

Por su parte, Sergio Herrero, abogado de Riopedre, ha denunciado la "inseguridad jurídica" que sufrió su cliente en el momento de su declaración cuando fue arrestado, al no ser notificado de los hechos delictivos que se le atribuían.

Además, el abogado ha señalado que el ex consejero no se lucró de esta situación y ha indicado que cuenta con dos cuentas bancarias, una de ellas con su mujer, por un total de unos 3.000 euros, mientras que el matrimonio mantiene un deuda de 7.385 euros.

Esta es la primera de la cerca de 40 sesiones previstas hasta el verano para el desarrollo de este macrojuicio en el que los trece procesados están acusados de participar en una trama corrupta de adjudicación de contratos públicos que fue destapada en la última etapa de gobierno de Álvarez Areces y que supuso un quebranto millonario para las arcas públicas del Principado.

También están señalados como principales acusados el gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández, y el de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, por supuestos delitos relacionados con la falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales.

En total, el fiscal pide penas que suman los 57 años de prisión para los siete principales acusados, a los que se acusa de apropiarse de hasta 9 millones de euros, aunque en el banquillo también se han sentado seis trabajadores y funcionarios municipales que supuestamente recibieron favores de la trama, sobre los que sólo formulan cargos las acusaciones populares por un delito de cohecho.

Entre ellos, tres trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendás, José Villa Cantero e Isaac Ovies García; Francisco Javier Juárez (funcionario del Ayuntamiento de Mieres), José Manuel Blanco (Funcionario de la Escuela de Ingeniería) y Braulio Iglesias (trabajador del Ayuntamiento de Avilés).