Ingreso en prisión de los condenados por el caso Renedo
Los empresarios y Riopedre cumplirán la pena en la cárcel de Asturias
Ocho años, ocho meses y 13 días después de su detención los cinco principales condenados por el caso Renedo, la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana, han ingresado en prisión para cumplir unas condenas que suman 27 años y tres meses.
Marta Renedo fue la única de los condenados que no cumplimentó el trámite de acudir hoy a las dependencias de la Audiencia Provincial en Oviedo. La exfuncionaria se acogió a la dispensa que se otorga de poder elegir el centro penitenciario de su conveniencia y eso fue lo que hizo en la cárcel de Álava, en la localidad de Nanclares de la Oca.
En esa prisión también se encuentra la exdirectora general, María Jesús Otero que, sin embargo, sí se acercó con los otros tres condenados; el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, para recibir los mandamientos de prisión que detallan los delitos que han cometido.
Todos permanecieron en las dependencias judiciales una media de 10 minutos. Todos salvo el exconsejero, José Luis Iglesias Riopedre que, junto a su abogada, lo hizo durante media hora. Su letrada reconocía que era inevitable la entrada en prisión de su defendido, aunque sí anunció que se centrará en trabajar en lo relativo al procedimiento penitenciario que se aplique a su cliente.
Todos los acusados llegaron tranquilos y acompañados de sus letrados. De los cinco, el único que consta una petición de indulto es del empresario Alfonso Carlos Sánchez. Todos los condenados, salvo Marta Renedo, se acercaron a la Audiencia asistidos de sus letrados en una franja de poco más de dos horas, entre las 8:45 y las 11:45 de la mañana.
Riopedre, Otero y Renedo afrontan su segundo ingreso en prisión
La vida entre rejas no será una experiencia nueva para tres de los principales condenados. En la cárcel de Asturias ya estuvieron en prisión preventiva José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo.
Una situación que, en primer lugar, abandonó el exconsejero de Educación tras pasar 42 días en la cárcel. Al día siguiente y rodeado de los amigos que se encargaron de hacer la colecta para pagarle la fianza, Riopedre lo negaba todo.Un testimonio que las sucesivas instancias judiciales han tumbado.
En los meses posteriores, primero Otero, después Renedo, abandonaban también la prisión provisional. A ella fueron conducidos en enero de 2011. Una situación por la que no pasaron los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, para quienes la jueza Ana López Pandiella decretaba libertad con cargos.
Por entonces, la investigación llevaba en marcha un año, a partir de que una gijonesa denunciase que alguien estaba suplantando su identidad. A su nombre habían abierto una cuenta corriente con 100.000 euros.
Las pesquisas a Marta Renedo, alta funcionaria del Principado, destituida días después. La investigación continúa con escuchas telefónicas incluidas y del juzgado de instrucción 4 de Gijón llega a manos del juez Ángel Sorando, de Oviedo, quien concluye la instrucción del caso a finales de 2013 con 17 procesados.
Tres años después, arranca el juicio y en septiembre de 2017, la Audiencia Provincial dicta sentencia repartiendo 40 años de cárcel. El punto final lo pone el Supremo, el mes pasado, rebajando la condena para todos, excepto para Marta Renedo.
Riopedre, Otero, Muñiz y Sánchez siguen investigados en otra pieza por un presunto fraude de 4 millones
Entre las causas derivadas de este caso se encuentra una en la que cuatro de los condenados siguen estando investigados por presuntas entregas irregulares de material a 87 colegios de la región. Se trata de los dos empresarios, además de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero.
La investigación la inició la Fiscalía a partir de un informe remitido por el Principado. El presunto fraude cometido supera los cuatro millones de euros.
Sobre el caso Renedo quien no tiene todavía cuantificada la cifra que tendrá que asumir es el Principado. La consejera Melania Álvarez, como portavoz del ejecutivo, ha dicho hoy que aún no se ha calculado.