Riopedre asegura que nunca tomó una decisión "injusta, ilegal o irregular"

La vista para el ingreso en prisión del caso Renedo será el 25 de septiembre

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de prisión en el juicio del "caso Renedo", ha afirmado que, pese a que pudo cometer "errores", jamás adoptó una decisión "injusta, ilegal o irregular", y ha asegurado que nunca se apropió de dinero público ni recibió dinero privado ni regalos.

En un comunicado remitido a los medios, Iglesias Riopedre afirma que nunca dio un trato de favor a ninguna persona o empresa y que tampoco pidió a nadie "remuneración, gratificación, regalo o recompensa alguna" por sus decisiones como consejero.

"Admito que he podido cometer errores en mi actuación, y que pude acaso ser imprudente en mis relaciones personales o en algunas expresiones coloquiales, pero reitero que jamás he adoptado como consejero ninguna decisión injusta, ilegal o irregular", ha expuesto Iglesias Riopedre.

El exconsejero, que defiende su inocencia porque desconocía las irregularidades, ha avanzado que su defensa recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial ante el Supremo.

"Niego que las irregularidades que la sentencia atribuye a los demás condenados fueran ni consentidas ni conocidas por mi, y espero que el Tribunal Supremo así lo declare. Soy inocente y lucharé hasta donde haga falta por demostrar mi honradez y dignidad personal", dice en el comunicado.

Iglesias Riopedre expresa su respeto hacia el tribunal que ha juzgado el "caso Renedo", al reconocer que los tres magistrados han actuado "de forma independiente e imparcial", pero considera que "algunas de las conclusiones a que han llegado en la sentencia no resultan acertadas".

El exconsejero, de 77 años, ha sido condenado a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y cohecho, los mismos que se le atribuyen a la que fuera la número dos de su departamento, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión.

La sentencia sostiene que ambos favorecieron adjudicaciones a las empresas acusadas en el "caso Renedo", aunque mantiene la duda razonable de que el exconsejero estuviera al corriente del método usado por su directora general.

El fallo sí considera que el exconsejero convino con Otero y con el empresario Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, el encargo de estudios para la implantación de sistemas geotérmicos de calefacción para varios centros educativos de la región.

Según la sentencia, tras realizar un fraccionamiento de los contratos para evitar su licitación pública y adjudicarlos a Nora Proyectos e Ingeniería, los estudios fueron finalmente elaborados por una empresa propiedad del hijo del consejero, Enrique Iglesias, también procesado en la causa y condenado a responder solidariamente de las indemnizaciones de Muñiz en 99.405 euros en calidad de partícipe a título lucrativo.

El fallo también condena a la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso, a 9 años de prisión por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos a empresas.

Los cuatro empresarios juzgados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- han sido condenados por su parte a un total de 15,9 años de prisión.

La sentencia condena además a un funcionario del Ayuntamiento de Mieres a una multa de 1.800 euros por cohecho, absuelve a otros cinco empleados públicos de otros ayuntamientos y de la Universidad de Oviedo e impone al Enrique Iglesias, hijo del ex consejero, el pago de 99.405 euros en calidad de partícipe a título lucrativo.

La Audiencia Provincial celebrará el próximo 25 de septiembre a las 10:00 horas la audiencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los condenados por el Caso Renedo.

De cara a dicha vista Podemos, que ejerce la acusación particular, ya ha anunciado que solicitará el ingreso en prisión provisional de los acusados, condenados a penas que suman más de 40 años de cárcel, al entender que existe riesgo de fuga.

La formación morada ha pedido además al Gobierno que se sume a su petición aunque el Ejecutivo ha adelantado que su representación legal en la causa seguirá el criterio que fije la Fiscalía.