Tres años de prisión para Fernández Villa por apropiación indebida de los fondos del SOMA

Alperi se da por satisfecho con la sentencia y adelanta que no pedirán el ingreso en prisión

El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, ha sido condenado a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 24.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida con fondos del sindicato minero.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia provincial de Asturias condena además al ex dirigente sindical y político a indemnizar al SOMA-UGT, que dirigió durante más de tres décadas, con 431.330,77 euros en concepto de daños y perjuicios.

Según informa el TSJA, la sentencia declara como probado, entre otras cosas, que el acusado, entonces secretario general del Sindicato, "que representaba y dirigía, prevaliéndose de su posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores del mismo, que no ponían en duda ni discutían sus decisiones o simples deseos, aprobando incluso su gestión, algunos, tal vez, por desconocimiento, logró percibir las cantidades reseñadas en los hechos declarados probados de esta sentencia, perjudicando el patrimonio del Sindicato y encajando su conducta en las dos modalidades del delito de apropiación indebida". Para los magistrados este delito debe apreciarse con el carácter de continuado "que nace de una pluralidad de acciones que, individualmente contempladas, son susceptibles de ser calificadas como delitos independientes, pero que, desde una perspectiva de antijuricidad material, se presentan como una infracción unitaria, concurriendo todos los requisitos que el Tribunal Supremo exige para su existencia".

La sentencia que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, explica en ese mismo sentido que el ahora condenado "hizo suyo y destinó el dinero del Sindicato para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo, extendiéndose esa conducta durante años y llevándose a cabo de diversas maneras y formas y por diferentes cantidades cada vez".

La Audiencia apunta que no hay unidad natural de acción, "precisamente por la variedad de las modalidades por las que el acusado distrae y hace suyo el dinero del Sindicato, como también la duración del período de tiempo durante el cual lo realiza, lo suficientemente largo como para romper precisamente esa unidad temporal de acción y situarnos más bien ante distintas actuaciones que pueden ser consideradas como un delito continuado".

En cuanto a la pena de prisión impuesta, la sentencia explica que "nos encontramos ante una apropiación por un importe de 434.158,43 euros, que supera en más de ocho veces la prevista para la cualificación, en una conducta de infidelidad que se extiende a lo largo del tiempo, del 1989 al 2012, y ello por quien ostenta puestos de singular importancia sindical y política por lo que la gravedad cuantitativa y las condiciones personales de su autor justifican la imposición de una pena de prisión de tres años".

Fiscalía y acusación particular, que pedían cinco y seis años de prisión respectivamente, y una multa superior, ya han anunciado que no piensan recurrir la sentencia. La acusación particular, que representa al SOMA, considera que el fallo es positivo porque todos los hechos quedaron probados.

El fallo desestima todas las cuestiones previas planteadas por la defensa de José Ángel Fernández Villa. Especial hincapié hace en la demencia sobrevenida. Considera el tribunal que el acusado se halla en plenitud de sus facultades mentales, pudiendo comprender y expresarse, aunque padezca amnesia más o menos intensa sobre los hechos imputados.

La amnesia, dice la Audiencia, no equivale a demencia sobrevenida. Según el fallo, en el juicio ha quedado demostrado que Fernández villa no tiene un déficit cognitivo que impida su comparecencia.

Sobre la sentencia, el actual secretario general del SOMA, José Luis Alperi, se da por satisfecho y adelanta que no pedirán su ingreso en prisión.

El 'Caso Hulla' investiga el blanqueo de 1,4 millones de Villa en la amnistía fiscal

Este punto es importante porque Fernández Villa tiene abierto otro procedimiento, el del Caso Hulla, en el que se investiga el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012.

Los hechos probados en la sentencia de hoy se tendrán en cuenta en ese procedimiento surgido de una investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso Hulla también está imputado José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería.

Anticorrupción ha puesto su vista en la construcción de la residencia de Felechosa ante posibles irregularidades que podrían haber propiciado el enriquecimiento fraudulento de Villa y Postigo.