Los trabajadores de Alcoa Lugo rechazan el acuerdo

Alcoa Avilés aplazan la votación sobre el preacuerdo

En la planta de Alcoa en Lugo el preacuerdo ha sido recibido con indignación.

El comité de empresa denuncia que el acuerdo supone exportar a su factoría el expediente regulatorio de Avilés y A Coruña. Dicen sentirse engañados por la dirección de Alcoa y consideran que carece de validez al no haberse informado oficialmente a los representantes legales de los trabajadores de San Ciprián.

Afirman que aceptar el plan de bajas incentivadas de la multinacional para conseguir vacantes supondría despedir a un centenar de eventuales que están a la espera de contratos de relevo.

Los trabajadores de Alcoa Avilés aplazan la votación sobre el preacuerdo

Los trabajadores de Alcoa Avilés han decidido aplazar hasta el lunes y martes de la próxima semana la votación sobre el preacuerdo alcanzado con la multinacional estadounidense para mantener sus empleos hasta el 30 de junio en tanto se busca un comprador para las plantas que planea cerrar.

El preacuerdo es un respiro para los 686 trabajadores de las fábricas de Avilés y A Coruña sobre los que pesaba un expediente de extinción de empleo como paso previo al cierre de las instalaciones, tal como contemplaba en el origen de los planes de Alcoa.

Los miembros del comité de empresa han explicado a los trabajadores los pormenores de un preacuerdo que responde a la demanda de ganar tiempo para buscar un posible inversor que dé continuidad a las dos fábricas y para redactar el nuevo protocolo que beneficiará a las empresas electrointensivas, como es el caso de Alcoa.

El fabricante de aluminio ofreció, a la espera de ofertas de compra, una solución para cerca de 355 empleados, más de la mitad de los 623 trabajadores indefinidos de ambas plantas, mediante prejubilaciones o recolocaciones.

El Gobierno, que ha avanzado que hay contactos con posibles inversores, se ha comprometido a trabajar para minimizar el impacto sobre los trabajadores a los que Alcoa no garantiza el empleo, aunque reconoce que la garantía de salvar la totalidad de los puestos de trabajo no está incluida en el preacuerdo y su resultado no depende de él.

Los trabajadores se pronunciarán acerca del nuevo escenario abierto en la crisis de la aluminera el próximo lunes, 21 de enero, de 5:30 a 18:00 horas, y el martes, 22, de 8:00 a 12:00.

La nacionalización requerida por los trabajadores es posible

Los trabajadores pedían una nacionalización de Alcoa si no llegara un inversor. Los expertos han explicado las posibilidades legales existentes para dar este paso.

Existen fórmulas como la compra o la intervención aunque, señalan, estamos ante todo una decisión política.

La legislación española y la Constitución permiten que el Estado tenga bajo el paraguas público cualquier tipo de empresa. No hay límites legales. Podría también convertir en pública una privada comprando sus acciones, pero hay que tener en cuenta que la Unión Europea puede ver pegas si la reflotación de la empresa se considera posibles ayudas de estado.

Otra opción legalmente posible es la intervención. Se controlaría la empresa pero no su propiedad. Una figura empleada por ejemplo con el Grupo Rumasa.

Aunque exista cobertura legal es ante todo, insisten, una decisión política que tiene que estar muy justificada.