La Audiencia Nacional investigará los supuestos sobornos de Duro Felguera

Admite la querella de la Fiscalía Anticorrupción

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el grupo asturiano Duro Felguera, su presidente, Ángel Antonio del Valle, y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo.

En el auto conocido hoy, el titular del juzgado central de Instrucción número 2 se declara competente para investigar los hechos denunciados por Anticorrupción, que en su escrito advirtió de supuestos cohechos millonarios a altos funcionarios venezolanos por parte de Duro Felguera con el fin de obtener contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.

La querella se dirige además contra el anterior presidente de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán, quien también forma parte de la presente causa al igual que Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006, que habría recibido hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) para que "usara su capacidad de influencia" en el país.

Asimismo, el magistrado libra una comisión rogatoria a las autoridades suizas a fin de que remitan toda la información relativa a las cuentas bancarias que resultaron beneficiadas de los pagos de los contratos ahora objeto de pesquisas.

En concreto, la Fiscalía sospecha de tres acuerdos, el primero de 25 millones de dólares (21 millones de euros) firmado en diciembre de 2008 con el presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios Melean, presunto testaferro de Villalobos, quien "no podía aparecer formalmente por incompatibilidad con su anterior desempeño del cargo".

Paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica prestados por Terca a Duro Felguera para la construcción de una central termoeléctrica en la capital bolivariana, que fueron abonados a cuentas en diversos bancos con sede en Suiza.

En 2011, Terca "debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados" cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son directores y copropietarios Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, que también tendría que comparecer en calidad de investigada una vez el juzgado compruebe su domicilio.

Villalobos, que encabeza el elenco de querellados, es señalado por Anticorrupción por "aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas" mediante la compra un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, tasada en 2,6 millones de euros, y por transferir dos millones de dólares (1,7 millones de euros) a la sociedad estadounidense Auyantepuy, cuyo beneficiario final era él mismo.

De igual modo, constan como querellados el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, y a la abogada del Ministerio de Energía del país, Julia Van Den Brule, que habría recibido, al menos, un pago de 70.000 euros en 2009; en tanto que Duro Felguera, Terca e Ingespre hacen lo propio por su presunta responsabilidad como personas jurídicas.