Soledad Saavedra declarará como testigo en el juicio del Caso Renedo

La abogada del Principado acusa a las defensas de politizar la causa

La Intervención General del Principado ha comunicado hoy la existencia de un error en la atribución del código gestor de bienes e inmuebles del Instituto Adolfo Posada en la documentación aportada al juicio del caso Renedo por lo que no es atribuible a este centro el gasto de 11,4 millones de euros en mobiliario entre 2006 y 2009 que inicialmente se le asignó.

Fuentes del Gobierno regional han explicado a Efe que este error ha sido detectado y comunicado hoy mismo a los servicios jurídicos del Principado para que sea trasladado al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde se celebra el juicio.

El error se ha detectado en la información enviada a la sección tercera de la Audiencia Provincial en respuesta a la petición contenida en el auto del pasado 7 de enero que consiste en un listado de adquisiciones de bienes muebles entre 2006 y 2009.

En concreto, se ha advertido que en dicho listado, que consta de 3.353 registros por un importe total de 84,5 millones de euros, se ha producido un error material en el campo primero del fichero (centro gestor) por una incorrecta asignación de los códigos.

Así, se atribuían al Instituto Adolfo Posada adquisiciones de bienes muebles de 2006 a 2009 por un importe total de 11.491.739,37 euros cuando en realidad tan sólo le corresponden en ese periodo adquisiciones de estas características por un valor máximo de 249.313,08 euros.

La Intervención General está revisando actualmente el proceso de asignación de códigos para poder facilitar a la Audiencia un nuevo listado con la correcta atribución de centros gestores en el plazo más breve posible.

Esta circunstancia se ha producido el mismo día en que el tribunal ha admitido llamar a declarar como testigo a Soledad Saavedra, esposa del ex presidente del Principado y senador del PSOE Vicente Álvarez Areces, por su condición de ex responsable de formación del Instituto Adolfo Posada.

La declaración de Saavedra fue solicitada ayer por el abogado del empresario Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Miguel Valdés-Hevia, quien pidió que la esposa del ex presidente autonómico testificase para explicar los gastos "catedralicios" imputados a este centro docente en una documentación entregada por la propia administración.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha concluido hoy la segunda de las dos sesiones destinadas al planteamiento de las cuestiones previas, entre ellas la petición de nulidad por parte de las defensas de las escuchas telefónicas y los registros domiciliarios realizados durante la investigación, sobre las que deberá pronunciarse el Tribunal en los próximos días.