Testigos afirman que Otero tenía la potestad de contratar en su departamento

Aseguran que controlaba las operaciones de los centros educativos

La ex secretaria general técnica de la Consejería de Educación Begoña Fernández Suárez ha afirmado hoy que la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras María Jesús Otero tenía la potestad de decidir con quién se contrataba en los asuntos relativos a su departamento.

En la sexta sesión de este juicio en el que se juzga un supuesto caso de corrupción en la administración del Principado, Fernández Suárez, ha afirmado que el departamento que dirigía Otero, encausada en este caso, controlaba las operaciones que realizaban los centros educativos.

Ha subrayado que los responsables de la Mesa de Contratación no podían conocer si existió "una confabulación" entre las empresas proveedoras.

La ex secretaria general técnica, que ha apuntado que su jefe directo era el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre (también encausado), ha señalado que su departamento no tenía control de todos los contratos que realizaban en cada Dirección General, sobre todo los menores para servicios de comedor, transporte o compra de material para los centros.

Ha indicado que no conocía que en la Consejería hubiera un almacén para guardar y distribuir el material y ha señalado que en Educación existía la peculiaridad de la existencia de una delegación para la contratación.

Por su parte, el interventor delegado en Cultura, Martiniano Villar, ha reconocido en su declaración que hubo un "error" en la revisión del expediente del Centro Cultural de Belén de la Montaña, en el concejo de Valdés, en el que se facturó más de 200 papeleras para un espacio de 40 metros cuadrados.

Ha dicho que no encontró ninguna irregularidad en los contratos relacionados con la empresa de Marta Renedo, entre los que estaba el de este equipamiento cultural.

Por último, Villar ha indicado que la Intervención General del Principado no controlaba aquellos expedientes por contratos por un valor menor de 500.000 euros y que los menores a este umbral tenían que ser verificados por los jefes de servicio.