Riopedre y Otero se declaran inocentes en las supuestas irregularidades de material

Los empresarios de Igrafo y APSA se acogen a su derecho de no declarar

El ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, se han declarado hoy inocentes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 que los ha interrogado por su supuesta participación en irregularidades en la entrega de material a colegios, según han informado fuentes judiciales.

Rioprede ha dicho a la juez que el trámite de las contrataciones de los materiales no era de su competencia y que pasaba por todos los filtros de cada escalafón de la Consejería hasta que le llegaba a él para firmar.

Los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), que también son investigados por esta causa, se han acogido al derecho de no declarar.

A preguntas de los periodistas al final de los interrogatorios, sus abogados Miguel Valdés Hevia y Javier Dapena, respectivamente, ha rechazado que sus clientes tuvieran algún de tipo de connivencia con Riopedre y Otero.

Han explicado que sus defendidos no han declarado por "prudencia" al estar la investigación en un momento "muy prematuro" y, sobre todo, por ser "la reproducción de algo que ya se ha juzgado", en referencia al Caso Marea, en el que los cuatro investigados están también implicados y que están pendientes de conocer la sentencia.

DaPena ha afirmado que la fiscal del caso, que lleva los temas de corrupción, hace bien su trabajo al presentar una denuncia al ver indicios de delito ante la información que le traslada la administración regional.

"Creo que la actuación de la administración del Principado no es ni leal, ni ética, ni desde luego consecuente jurídicamente porque carece totalmente de sentido", ha subrayado DaPena, que ha indicado que en este caso existe "una motivación secundaria bastante cercana a lo político".

Por su parte, Valdés Hevia ha señalado que la actuación del Principado se debe más a una acto de "negligencia" que a otro tipo de motivos políticos y ha explicado que la instrucción se dilatará en el tiempo ya que la juez ha pedido los nombres de los 87 directores de los colegios.

Los cuatro, pendientes de la sentencia del caso Marea, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas, han sido llamados a declarar por la titular de este juzgado.

La nueva investigación parte de la denuncia interpuesta en octubre por parte de la Fiscalía, a la que el Principado remitió un informe sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios de la región que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por estos cuatro procesados en el caso Marea.

El informe fue rechazado por el tribunal al inicio de la vista oral después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que esos cuatro acusados podrían tener que indemnizar al Principado, que en julio de 2015 abrió una investigación sobre el material suministrado a 87 colegios entre 2009 y 2010 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros.