La Policía encontró información que vincula a Renedo y Otero con las empresas

Los centros educativos firmaban recibir material que inventariaban después

En la novena sesión del juicio por el Caso Renedo han declarado los policías que realizaron los registros en las empresas de Igrafo y Almacenes Pumarín.

Aseguran que se encontró documentación que les vinculan con Marta Renedo y María Jesús Otero.

En el caso de Igrafo, destacan que tenía un papel de intermediario a cambio de suculantes comisiones.

En Almacenes Pumarín constataron que existía una red de empresas que se dedicaba a todo tipo de servicios y en Igrafo, aseguran, encontraron documentación que vincula a su dueño con Marta Renedo y María Jesús Otero.

De las averiguaciones llevadas a cabo para conocer la dinámica de entrega del material o las obras con cargo a la Consejería de Educación, la agente policial ha revelado que el testimonio recogido entre el personal encargado de la recepción en los centros apunta que solían tener primero la factura, a veces con un listado del contenido de la entrega y otras en blanco.

Como ejemplo, ha indicado que en el caso del mobiliario destinado al centro de enseñanza de Infiesto los responsables del equipamiento han reconocido que recibieron parte del mismo, pero que no reconocieron el sello ni la firma del recibí.

"Se quejaban de que les costaba mucho recibir el material que solicitaban", ha manifestado la testigo, que ha revelado de los seis expedientes de entrega de material en el instituto de educación secundaria de Llanes "no recibieron nada" correspondiente a tres de ellos.

Igualmente, ha revelado que según el testimonio obtenido de los responsables del IES Rey Pelayo en el periodo 2009-2010 este centro no recibió el material correspondiente a siete de los diez expedientes que figuraban como entregados.

Otra de las testigos declarantes esta mañana, María José Cortés, la que fuera jefa de servicio en Cultura y excompañera de trabajo de Marta Renedo, se ha ratificado en lo que había declarado anteriormente en el juzgado.

Cortés ha sostenido que no reconoce su firma en una factura fechada en 2009 y ha advertido de que en el departamento en el que trabajaba confiaban "unos en otros" por lo que "cualquiera pudo acceder" a su despacho y coger el sello vinculado al cargo que ocupaba.

"Jamás me he apartado de la legalidad", ha sostenido la declarante.